Por Antonio Heras y Jorge Heras/Lindero Norte
Mexicali, 18 de diciembre de 2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión del Decreto de condonación de adeudos de los ayuntamientos de Tecate y Ensenada por 2 mil 383 millones de pesos al organismo de seguridad social de Baja California como consecuencia de la Controversia Constitucional 199/2021.
A través de los oficios 9289/2021 y 9292/2021, fechados el 15 de diciembre, la SCJN notificó al Poder Legislativo de Baja California y a la Consejería Jurídica del Gobierno de México.
El Congreso del Estado presentó la Controversia Constitucionsl 199/2021 para solicitar la suspensión del decreto emitido el 7 de octubre por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, 24 dias antes de concluir su mandato.
En ese documento, Bonilla Valdez justificó la medida con base en el “sumo interés” del Poder Ejecutivo por la salud financiera de los municipios del Estado. A pesar que la deuda de municipios y del propio gobierno estatal es de 10 mil millones de pesos al ISSSTECALI, consideró la “situación crítica” de Tecate y Ensenada por la insolvencia económica que le impide cumplir con estas obligaciones. El único ayuntamiento din deudas s ISSSTECALI es Tijuana.
Además justificó la creación del Comité de Presidentes Municipales de Baja California (Comunes) que acordaron solicitarle la emisión de este decreto. A Comunes lo integran los cuatro municipios del bloque bonillista: Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito.
En el Decreto instruye al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y los Municipios del Estado de Baja California a realizar una reunión de la Junta de Gobierno para condonar los recargos y productos financieros del impago histórico de ambos municipios. Ambos gobiernos solo pagarían el 0.1 oor ciento de esta deuda.
En la reunión extraordinaria, votó en contra la dirigente de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) , María Luisa Gutiérrez Santoyo, mientras que no asistió el dirigente sindical de la burocracia, Manuel Guerrero, diputado local morenista. La eliminsciln de recargos se aprobó con el voto a favor de los funcionarios de la administración bonillista, entre ellos de Odylar Moreno, director del Issstecali y locutor de la empresa televisiva de Bonilla.
El decreto determinó ls cancelación del adeudo en seguridad social “por falta de entero oportuno de los créditos fiscales por concepto de cuotas, aportaciones y adeudos no cubiertos por los Municipios de Tecate y Ensenada”.
La XXV Legislatura acudió a la SCJN para presentar la controversia constitucional contra el decreto, con el argumento que afectaría a los empleados estatales, incluidos a los del Congreso local.
A su vez, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) presentó un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación y sus 684 de sus agremiados solicitaron la protección de la justicia federal.
Las deudas de los Ayuntamientos con el ISSSTECALI son porque los gobiernos municipales no pagan las aportaciones patronales y además porque usan para gasto corriente las cuotas para la seguridad social los trabajadores que les descuentan vía nómina. Estas cuotas incluyen servicios médicos, gastos funerarios y jubilación o pensión.
El presidente del Congreso del local, Juan Manuel Molina, confirmó la notificación de la resolución de la SCJN.
Explicó que el Poder Legislativo cuenta con facultades para interponer controversias cuando considere que son indebidos los actos de un Poder Público.
“Ensenada ha sido el más incumplido en todo y nos parece que querían premiar el incumplimiento, eso iba a generar un menoscabo en el patrimonio del Issstecali, aparte de que no estaban abonando nada a capital”, sostuvo de acuerdo a versiones periodísticas.
HISTORIA DE REVESES A BONILLA
El primer revés de la SCJN contra el primer gobierno de Morena en Baja California fue la ampliación que promovió Bonilla de dos a cinco años y que aprobó el Congreso local. El consejero Arturo Zaldívar calificó a esga pretensión de “fraude constitucional”
Otra suspensión fue el decreto para imibar el Consejo de la Judicatura del Estado por considerar que era costoso e innecesario.
Uno más, el decreto de municipalizar el servicio de agua, emitido también a dos meses de terminar su gestión, por omitir estudios de factibilidad y participación de los ayuntamientos.
Los organismos operadores del agua son empresas parastatales que al final de la administración de Bonilla reportan deuda por más de 5 mil millones de pesos.
A un mes de su gestión, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena, solicitó al Congreso local un crédito de 2 mil 500 millones de pesos para pagar la deuda al ISSSTECALI.
Bonilla Valdez es un empresario que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador “ayudó mucho” a Morena y a la democracia local.
Es senador con licencia fue, antes de convertirse en candidato al gobierno estatal, superdelegado del Gobierno de México y dirigente estatal de Morena.
“Es senador y nos puede ayudar en el gobierno”, dijo hace cinco días luego que los bonillistas, incluida la alcaldesa de Tijuana, celebraron su nombramiento como subsecretario de Gobernación, de una oficina eliminada por López Obrador via decreto.
Este grupo político insiste que Bonilla ocupará este puesto a partir del 1 de enero de 2022 y, en su momento, sustituirá al secretario Adán Augusto López Hernández, en la eventual búsqueda de ser el sustituto de López Obrador