Cambios recientes en el sector agua de Baja California: ¿Golpe de timón?
Por Alfonso Andrés Cortez Lara
El pasado 31 de mayo se realizó un cambio notorio en el sector agua del estado con el relevo y salida del gabinete del Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), que hasta ese día, y por un lapso de siete meses, encabezó Francisco Alberto Bernal Rodríguez. En su lugar, fue nombrado por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, José Armando Fernández Samaniego quién proviene de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), misma que había dirigido desde 2020.
Dicho cambio es significativo considerando el contexto en el que éste se dio. El episodio de la comparecencia de Bernal Rodríguez ante la XXIV Legislatura efectuada en la ciudad de Ensenada, es por demás elocuente; ahí se presentaron fuertes manifestaciones sociales, señalando la problemática del desabasto crónico de agua potable y la contaminación de playas con aguas residuales, problemas añejos que no habían sido atendidos adecuadamente.
El nuevo titular de la Seproa y su renovado equipo de directores de organismos operadores de agua, tienen ante sí el reto de atender cabalmente la problemática y encontrar soluciones sustentables, efectivas, con resultados inmediatos y visión de largo plazo, para lo cual se requerirá, primeramente, que el equipo de relevo funcione rápido.
Como comentario al margen sobre este tema de los cambios de equipos, menciono que en los diversos estudios sobre indicadores de gestión que nos tocó realizar para el Banco Mundial, el Crédito Japonés para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y para los financiamientos otorgados del Banco de Desarrollo de América del Norte-Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, encontramos que uno de los indicadores que afectaban negativamente las evaluaciones, era la alta rotación y falta de continuidad del personal de mandos medios y superiores de los organismos operadores de agua, pero esto será materia de otro análisis.
Regresando al tema, también se requerirá un alto grado de consenso con los diferentes sectores de la sociedad, incorporar a los grupos vulnerables en la toma de decisiones, enfocarse en los casos críticos de Ensenada y Tijuana con su demanda creciente pero también en Mexicali dadas las condiciones de estrés hídrico generalizado.
Las soluciones deben considerar una combinación inteligente de incentivos: a) institucionales a través de apoyos estratégicos; b) de regulación y autorregulación para evitar la contaminación y sobreexplotación de las fuentes de agua; y c) sistemas tarifarios justos y cobro de la deuda de manera rigurosa pero con procedimientos adecuados, tal que se proteja a los sectores vulnerables y se garantice el acceso al agua en términos de cantidad, calidad, oportunidad y a precios asequibles.
La problemática del agua en Baja California no tiene que ver con la falta de alternativas, sino con la adecuada gestión de las mismas, esto sugiere llevar a cabo una priorización pertinente, sustentable y democrática: atender las fugas en todos los niveles y segmentos de operación hidráulica, inclusive en el sector riego; insistir en el aprovechamiento extendido de las aguas residuales tratadas en la mismas zonas urbanas donde se generan y también en el ámbito agrícola y el medio ambiente; inducir procesos de autorregulación y vigilancia social; promover tecnologías novedosas, sustentables y probadas para, por ejemplo, inducir lluvia a través de la electrificación atmosférica que no daña al medio ambiente, es accesible, comparada con el costoso y dañino bombardeo de nubes, y con un potencial para abastecer zonas semi-áridas y aumentar la recarga de acuíferos, y así evitar la intrusión marina; finalmente, implementar campañas de concientización con enfoque participativo para reducir el consumo, no solamente desde gobierno, sino en conjunto con la sociedad organizada.
No se puede esperar que las cosas sean diferentes en el sector si se sigue actuando igual, con las mismas propuestas y los mismos proyectos que antes ya fueron socialmente rechazados por su alto costo social, económico y ambiental. Un cambio drástico en la estrategia, inteligentemente sustentada y con visión de largo plazo que considere el estrecho nexo agua-energía, es una tarea urgente y es la única manera en que se podrá enfrentar el reto de escasez de agua, y con ello, avanzar hacia la sustentabilidad, la equidad y la justicia hídrica que la sociedad exige.