“TEMO POR MI VIDA” O MORIR PARA CONTAR
LA NOCHE DE LOS NAHUALES
Benjamín M. Ramírez
«—Temo por mi vida —así se expresó Lourdes Maldonado frente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se lo comentó en la mañanera del 26 de marzo de 2019. La noche de este domingo fue asesinada.
En Palacio Nacional, Lourdes comentó sobre el litigio laboral que sostenía después de 9 años con la empresa PSN: “Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Vengo a pedirle ese apoyo y esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”.
El homicidio de Lourdes Maldonado es el número tres en la lista de periodistas caídos en lo que va del año, después de Margarito Martínez y José Luis Gamboa, y el número 29 en lo que va del sexenio, junto a dos periodistas declarados desaparecidos.
Si bien el titular del Ejecutivo Federal no tiene una responsabilidad penal o administrativa sobre el violento deceso de Lourdes Maldonado, sí tiene una obligación moral de exigir a las instancias judiciales el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables puesto que tuvo conocimiento de los temores y amenazas que le fueron externadas de viva voz por la comunicadora a quienes el Estado le falló al no garantizar su derecho a la vida, a la libertad de expresión, al trabajo digno y remunerado, a la certeza jurídica y otros derechos que fueron violentados en la persona de Lourdes y que ella denunció en su momento, anticipando que temía por su vida.
En caso contrario el titular del Ejecutivo Federal incurrirá en una vergonzosa complicidad por omisión.
La vida de Lourdes Maldonado no acabó cuando la bala penetró su indefensa humanidad, a pesar de contar con los mecanismos instrumentados por el Estado para proteger su vida. La muerte de la periodista tiene muchos responsables.
El Estado es culpable puesto que no cumplió con la parte del contrato social que lo obliga a garantizar el derecho a la vida; sin él, todos los demás derechos son violentados.
El Estado es culpable al no privilegiar el derecho a la justicia y a la certeza jurídica frente al despido injustificado; culpable por no garantizar el derecho a un salario digno y remunerado y que le fue negado por su empleador, y que se ha negado a pagar, incluso con una laudo a favor de la parte agraviada.
El Estado es culpable porque no es capaz, en su anomia y complicidad, tácita o explícita, de proteger al delincuente, de privilegiar el delito, que en la mayoría de los casos jamás es castigado. El perpetrador, material o intelectual, saben que el brazo poderoso de la ley está flácido y alicaído, y que en su letargo legaloide jamás estará a favor de las víctimas.
No. A Lourdes no la ultimó la bala disparada en su contra. La mató la indiferencia, la complicidad, la rapacidad, el poder de quien, omnipotente y todopoderoso, decide quién vive y quién muere, y quién es el siguiente en la lista.
Ya Reporteros Sin Fronteras, RSF, ha declarado a México como “en el más mortífero del mundo para ejercer la prensa”, después de alertar que “el baño de sangre contra la prensa continúa”.
Antes fue Margarito Martínez y José Luis Gamboa, hoy fue Lourdes Maldonado. No quiero escribir en la próxima entrega el deceso de otro comunicador caído.
Ningún ciudadano merece morir de forma violenta. Nadie está exento de vivir en carne propia los embates de la delincuencia. Es obligación del Estado garantizar la seguridad, el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, a la protección frente a las amenazas. Todo lo anterior le fue negado a Lourdes Maldonado, incluso cuando fue asesinada.
Desde estas líneas sólo exigimos justicia y que el Estado cumpla su parte del contrato social al que está obligado Constitucionalmente.
Todos tenemos derecho a vivir, en paz, sin miedos…
Nadie debe estar por encima de la ley.
«— ¿Vale la pena perder la vida así? —pregunta el amigo.
«— No lo sé —alguien debe levantar la voz.
El trabajo del periodista es uno de los menos redituables. La mayoría no cuenta con salarios, los que gozan de éstos, son raquíticos, sin prestaciones salariales como seguro social, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, entre tantos derechos de los que goza cualquier trabajador asalariado.
Me cuentan que un consorcio radiofónico en el estado de Veracruz, a raíz de la pandemia, disminuyó el salario de sus periodistas a setecientos cincuenta pesos quincenales. Ignoro cómo pueden resistir, quizá si lo sé.
A veces se tiene hambre, el hambre que se quita cuando tienes un espacio, que es tribuna, alma y regocijo para poder expresar lo que otros no pueden denunciar.
No sé si vale la pena morir a golpe de balas o por la indiferencia y la anomia del Estado.
No sé si valga la pena, como en el film de Hernán Zin (2018) “Morir para contar”.
Quiero tener esperanzas, deseo que la justicia llegue, que sea posible un mejor mundo para los que vienen atrás.
Que la vida triunfe sobre la cultura de la muerte…