Por Antonio Heras
Mexicali B.C., 8 de octubre de 2021.- El Gobierno de México desconoció el Decreto emitido por el gobernador Jaime Bonilla para hacer un registro de pescadores de San Felipe y Ensenada y entregarles su anuencia para pesca ribereña y comercializar los productos de mar a pequeña escala.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sostuvo que este Decreto viola la Constitución General de México y la normatividad en materia de pesca al invadir la competencia y atribuciones reservadas al Ejecutivo Federal.
En un comunicado se precisó que corresponde a la SADER otorgar permisos y concesiones pesqueras por lo que ya inició la revisión exhaustiva de este decreto y se realizarán las acciones “para hacer valer lo que establece la Constitución y las leyes en la materia”.
En el Decreto que se publicó en el Periódico Oficial de Baja California, el 1 de octubre de 2021, Bonilla Valdez instruye a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo a “realizar las acciones administrativas y legales pertinentes para que inicie el procedimiento de registro e integración de expedientes de pescadores en el Estado que sean susceptibles de entrega de Anuencia Estatal de Pesca Ribereña y de Anuencia de Pesca en Pequeña Escala a efecto de garantizar su derecho a la alimentación y autodeterminación”.
El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) coincidieron en señalar que el gobierno de Baja California carece de competencia para iniciar el registro e integración de expedientes de pescadores en la entidad para dotarles de anuencias para pesca ribereña y a pequeña escala, toda vez que reiteraron que dicha atribución corresponde exclusivamente a la Federación, por lo que no se reconocerá ningún acto de ese tipo.
En un comunicado, el 2 de octubre, la administración de Bonilla Valdez calificó de histórico este convenio en favor de los pescadores de la entidad porque les permitiría hacer pescar ribereña y vender a pequeña escala.
Los secretarios de Gobierno y de Economía señalaron que revisaron “tratados internacionales, la Constitución General de la República y una serie de temas vinculados con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)” para firmar el Decreto que “marca un parteaguas del ejercicio de la soberanía estatal para enfrentar y resolver problemas que tienen que ver con sus comunidades y el derecho a la alimentación”.
A principios de octubre, Lindero Norte buscó al presidente de la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera, Francisco Rousseau, quien dijo desconocer el decreto bonillista.
En tanto, pescadores de San Felipe mostraron entusiasmo sobre la anuencia estatal pero reconocieron que este tipo de convenios son de orden federal, además que la pesca ribereña se realiza con anzuelos y caña por lo que no se requiere ningún tipo de permiso y advirtieron que la administración estatal no realizo en dos años ninguna actividad de fomento a la pesca en cuanto a la entrega de motores, equipo o embarcaciones.
En la actualidad, hay temporada alta de pesca en la entidad.