Por: Antonio Heras
El gobernador Jaime Bonilla se siente agraviado porque se queja de ser blanco de las críticas de sectores de la población y algunos medios de comunicación.
Señala que esas críticas nunca las recibió su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, a quien asegura que nadie lo criticó.
Falso.
El panista Kiko Vega recibió no sólo críticas por su gobierno, la corrupción y el desfonde financiero, sino que además fue objeto de manifestaciones masivas de la sociedad de la capital de Baja California.
Los mexicalenses protestaron en las plazas públicas por el incremento al precio de la gasolina que aprobó el presidente priista Enrique Peña y contra la privatización del agua que promovió Kiko Vega.
Quizás de haberse registrado estas protestas en Tijuana o en San Diego se habría enterado este empresario que resultó electo para gobernar a Baja California por solo dos años o menos.
Las críticas de las que se queja Bonilla son en su caso por la deuda pública, la inseguridad y la corrupción.
En eso, su nombre coincide con el de Vega de Lamadrid.
Mi tata para mi nana.
DEUDAS
Recién concluyó la glosa de su segundo y último gobierno, el cual cerró con “broche de oro” su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en un intento por colorear una gestión gris, pero la hizo más grisácea.
A este señor le incomodan las preguntas.
Cito ejemplos, a partir de documentos oficiales entre ellos los compromisos de campaña.
Ya no habrá más deuda pública, es una promesa que dijo haber cumplido.
No obstante, el Observatorio Ciudadano de Baja California publicó un informe sobre los grandes problemas de liquidez de su gobierno por lo que hay una tendencia a cerrar el año con un déficit de 3 mil millones de pesos.
Además, el documento señala la existencia de 21 mil millones de pesos de deuda pública.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara baja del Congreso de la Unión, cada bajacaliforniano debe 5 mil 900 pesos por la deuda pública que contrataron sus gobernantes, incluido Bonilla.
Este centro de estudios ubica a Baja California entre los Estados con mayor crecimiento de deuda pública a junio de 2021 pues alcanza los 21 mil 900 millones de pesos, sin considerar aún el empréstito de 3 mil millones de pesos.
Justo es reconocer que, de este monto, siete de cada 10 pesos son deuda del Estado y el resto es deuda de los ayuntamientos y paraestatales.
El 98 por ciento de esta deuda es con la banca comercial y de desarrollo, pero un 12 por ciento restante es con acreedores. En su periplo de mala paga, el gobierno de Baja California debe 2 mil 600 a personas físicas o morales.
Más aún, la Secretaría de Hacienda reconoce que le ha retenido mil 500 millones de pesos a los ayuntamientos provenientes de participaciones federales.
En esta otra deuda, tampoco ha entregado recursos estatales a las secretarías del Bienestar, Educación y de Gobierno, aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos 2021.
Imaginemos de donde se hicieron muelas de coyote.
MANDATOS
Entre los arrebatos de Bonilla se encuentra la no aprobación de su iniciativa para la revocación de mandato que está en el Congreso local desde hace un año.
El empresario se olvida que esta figura es un derecho político de los ciudadanos para finiquitar, si así lo desean, el mandato que le confirieron al gobernador, alcalde o representante popular.
No es una prerrogativa del gobernante en turno, sino producto de la conciencia colectiva, del activismo o la presión social.
Se trata de un mecanismo de participación ciudadano.
Reconozco que tiene razón Bonilla Valdez de sentirse agraviado por las críticas en su contra igual o más o que Kiko Vega.
Eso hierve la sangre.
Para su fortuna, está por concluir su mandato y su destino será la Ciudad de México, gracias a AMLO que ilumina su camino.